Un grupo de personas, que han girado alrededor de los partidos políticos tradicionales, han presentado un proyecto de ley con el fin de llevar a un referéndum a los costarricenses por segunda ocasión. Esta vez se hace con el fin de que se haga una reforma general a la constitución política vigente, la cual data de 1949, pero cuya base es la redactada por el entonces dictador militar Tomás Guardia, en 1871.
Este proyecto trae algunas consideraciones importantes para tener muy presentes: se pretenden hacer dos referéndum, uno para convocar a una Asamblea Constituyente, el otro para aprobar el proyecto avalado por esa instancia. En el primer caso, el proyecto de ley impone una serie de condiciones totalmente anacrónicas y absurdas que contradicen lo que se pretende, esto es, modernizar la Carta Magna. De esta forma, por ejemplo, la única forma de participar como diputado constituyente, es a través de los partidos políticos, bajo las reglas del Código Electoral. Los que redacten el texto base serán una serie de “notables”, de quienes no solo se desconoce sus calidades, sino también su interés. En el segundo referéndum, se pretende llevar a la población a votar un texto que fue convocado, redactado, modificado y aprobado por 61 personas.
Pero nace la pregunta: ¿se necesita un nuevo texto constituyente en Costa Rica? Partiendo de la lógica de la organización del Estado, el constitucionalismo nace al calor de la legitimación del statu quo, este se impone basado en un supuesto e inexistente contrato social, que siempre es vertical y minoritario, sea por medios violentos (golpe de estado), sea por medios no violentos (referéndum, por ejemplo). La constitución actual tiene una carga conservadora bastante fuerte y evidente, lo cual se muestra en el presidencialismo, el confesionalismo estatal, los mecanismos y formas de elección, entre otras. Sin embargo, también posee una pequeña dosis del reformismo de la década de los años cuarenta: derechos y garantías sociales. En resumen, la constitución fue hecha para que respondiera al nuevo proyecto que nacía a partir de la década de los años cincuenta, el cual concuerda con el modelo de industrialización en los países pobres y la política internacional que nació al amparo del New Deal, el keynesianismo, la socialdemocracia y el fin de la última gran guerra: el Estado de Bienestar.
Es decir, la constitución vigente entró a jugar en una época de cambios reformistas a lo interno del estado capitalista cuya misión era salvaguardarse tras la crisis de 1929 y la crisis de guerra. Si bien no trajo transformaciones, sí vino a disminuir la brecha entre ricos y pobres y a crear condiciones y derechos que no se tenían en otras épocas, y que son producto de grandes luchas sociales, principalmente en lo que compete a trabajo, educación y salud. Ahora bien, Costa Rica se enmarca desde las últimas cuatro décadas, en un proceso de liberalización económica en beneficio del gran capital transnacional y financiero, lo que le ha traído un perjuicio a sectores que se han empobrecido, aumentando con esto la desigualdad. Los principales afectados de estos ataques, han iniciado un proceso de resistencia, tratando de salvaguardar lo poco alcanzado en casi un siglo.
Por esta razón, desde A de Libertad, consideramos que un nuevo proyecto constituyente no es necesario, sino más bien peligroso en el orden de cosas actual, donde la economía de mercado domina la política global, regional y local, donde los movimientos de resistencia están mermados y donde el fascismo está en un franco crecimiento a escala mundial.
Hacemos un llamado a boicotear cualquier intento de recolecta de firmas y de participar en un referéndum (de los cuales se tienen experiencias nefastas) que implique reformas radicales en beneficio privado y transnacional-financiero. Instamos más bien a la organización social, a buscar nuevas formas de participación sin representantes, sino a través de la autonomía, la autogestión y el apoyo mutuo.
A de Libertad
