Discriminación y violación de derechos en Micheladas Bar y Restaurant

El día sábado 25 de marzo, un grupo de cuatro mujeres fueron echadas del bar y restaurante Micheladas, ubicado contiguo a Plaza Lincoln en Moravia. La “justificación” dada por la administración del local, según una de las afectadas, fue que “no tenían cordura” y que el “bar es heterosexual”. Ante tal situación, las mujeres pidieron pruebas de estar llevando a cabo escenas “pasadas” de tono, que les mostraran los videos del local inclusive. La administración, sin pruebas, decidió sacarlas sin mayor justificación del lugar.
Ante la ola de denuncias públicas hechas a través de redes sociales por parte de las personas, Micheladas dio su derecho de respuesta. Sin embargo, no hizo más que contradecirse una vez más ante la clara acción de discriminación en contra de las cuatro mujeres. Afirma el bar que “nuestro local es coherente y respetuoso de los derechos de todas las personas sin importar su raza, género, religión o preferencia sexual”, pero inmediatamente asegura que “no se permitirá ninguna acción o comportamiento que vaya en contra de la moral de los demás”. ¿Cómo definen la moral? ¿Es moral poner a mujeres con poca o nada de ropa en un programa de televisión para vender un producto pero no que dos personas se amen?
Inmediatamente dice el bar que de “todos es sabido que existen bares de ambiente donde las personas van y ahí no les prohíben porque son para eso”. ¿Son para qué? ¿Para “personas así”? ¿Para personas no personas o para qué? Pretende el bar que los famosos “bares de ambiente” sean los ghettos o campos de concentración de las personas sexualmente diversas, cuando estos son simplemente temáticos. ¿Significa pues que un rockero no puede entrar en un salón de baile tropical? ¿Significa que una madre en periodo de lactancia tiene prohibida la entrada en Micheladas porque para eso hay lugares donde pueden amamantar sin ofender a los clientes? ¿Significa que los negros no pueden entrar en un bar porque solo aceptan personas blancas?
Y sin embargo, dice el bar que a “nuestro local asisten familias y hasta niños por lo que si fuera necesario reservar el derecho de admisión” lo harían. ¿No deberían reservarse el derecho de admisión a los niños a un bar? ¿Es decir que los niños sí pueden estar expuestos a acciones o comportamientos que vayan contra la moral de ellos en un lugar que se presta para muchas de estas acciones, empezando por la venta de licor? Esto es sobradamente absurdo, contradictorio y falaz por cualquier lado que se le mire.
Lo que Micheladas está haciendo es una clara e irrefutable violación a los derechos humanos más esenciales de cualquier persona. Existe un evidente caso de discriminación por la orientación sexual de las mujeres que, sin pruebas y con prejuicios, fueron expulsadas de este local comercial porque no son heterosexuales, porque no están respetando los valores de la familia y de la moral cristiana, porque simplemente son mujeres que se gustan y se quieren. Y sin embargo, no aplican las mismas restricciones a las parejas heterosexuales, no aplican las mismas restricciones a las familias que exponen a sus hijos a un lugar donde se venden bebidas alcohólicas o de posibles escenas entre personas que son comunes en estos locales comerciales.
Es claro que se trata de una empresa privada, pero de ser así, se debiera dejar en claro cuáles son sus valores morales para que las personas que no los compartan, eviten acudir a ese lugar. Sin embargo, esto sería igualmente absurdo y risible pues, de ser así, entrarían en una franca bancarrota económica.
Desde el Colectivo A de Libertad, denunciamos públicamente esta violación a los derechos humanos de la población sexualmente diversa y hacemos un llamado a las personas a manifestarse en contra de estas prácticas discriminatorias. En pleno siglo XXI, no podemos seguir viviendo en las cavernas de la intolerancia. Una sociedad que lucha por ser libre, debe buscar la máxima igualdad de condiciones para vivir con dignidad.
A de Libertad

Contra un nuevo referéndum, contra una nueva constitución

Un grupo de personas, que han girado alrededor de los partidos políticos tradicionales, han presentado un proyecto de ley con el fin de llevar a un referéndum a los costarricenses por segunda ocasión. Esta vez se hace con el fin de que se haga una reforma general a la constitución política vigente, la cual data de 1949, pero cuya base es la redactada por el entonces dictador militar Tomás Guardia, en 1871.

Este proyecto trae algunas consideraciones importantes para tener muy presentes: se pretenden hacer dos referéndum, uno para convocar a una Asamblea Constituyente, el otro para aprobar el proyecto avalado por esa instancia. En el primer caso, el proyecto de ley impone una serie de condiciones totalmente anacrónicas y absurdas que contradicen lo que se pretende, esto es, modernizar la Carta Magna. De esta forma, por ejemplo, la única forma de participar como diputado constituyente, es a través de los partidos políticos, bajo las reglas del Código Electoral. Los que redacten el texto base serán una serie de “notables”, de quienes no solo se desconoce sus calidades, sino también su interés. En el segundo referéndum, se pretende llevar a la población a votar un texto que fue convocado, redactado, modificado y aprobado por 61 personas.

Pero nace la pregunta: ¿se necesita un nuevo texto constituyente en Costa Rica? Partiendo de la lógica de la organización del Estado, el constitucionalismo nace al calor de la legitimación del statu quo, este se impone basado en un supuesto e inexistente contrato social, que siempre es vertical y minoritario, sea por medios violentos (golpe de estado), sea por medios no violentos (referéndum, por ejemplo). La constitución actual tiene una carga conservadora bastante fuerte y evidente, lo cual se muestra en el presidencialismo, el confesionalismo estatal, los mecanismos y formas de elección, entre otras. Sin embargo, también posee una pequeña dosis del reformismo de la década de los años cuarenta: derechos y garantías sociales. En resumen, la constitución fue hecha para que respondiera al nuevo proyecto que nacía a partir de la década de los años cincuenta, el cual concuerda con el modelo de industrialización en los países pobres y la política internacional que nació al amparo del New Deal, el keynesianismo, la socialdemocracia y el fin de la última gran guerra: el Estado de Bienestar.

Es decir, la constitución vigente entró a jugar en una época de cambios reformistas a lo interno del estado capitalista cuya misión era salvaguardarse tras la crisis de 1929 y la crisis de guerra. Si bien no trajo transformaciones, sí vino a disminuir la brecha entre ricos y pobres y a crear condiciones y derechos que no se tenían en otras épocas, y que son producto de grandes luchas sociales, principalmente en lo que compete a trabajo, educación y salud. Ahora bien, Costa Rica se enmarca desde las últimas cuatro décadas, en un proceso de liberalización económica en beneficio del gran capital transnacional y financiero, lo que le ha traído un perjuicio a sectores que se han empobrecido, aumentando con esto la desigualdad. Los principales afectados de estos ataques, han iniciado un proceso de resistencia, tratando de salvaguardar lo poco alcanzado en casi un siglo.

Por esta razón, desde A de Libertad, consideramos que un nuevo proyecto constituyente no es necesario, sino más bien peligroso en el orden de cosas actual, donde la economía de mercado domina la política global, regional y local, donde los movimientos de resistencia están mermados y donde el fascismo está en un franco crecimiento a escala mundial.

Hacemos un llamado a boicotear cualquier intento de recolecta de firmas y de participar en un referéndum (de los cuales se tienen experiencias nefastas) que implique reformas radicales en beneficio privado y transnacional-financiero. Instamos más bien a la organización social, a buscar nuevas formas de participación sin representantes, sino a través de la autonomía, la autogestión y el apoyo mutuo.

A de Libertad